Canon 2008, Estafa de la SGAE

El canon es una compensación por los ingresos que presuntamente dejan de percibir los autores cada vez que alguien realiza una copia privada de su obra en lugar de comprar el original. Se paga cuando uno compra un soporte o un equipo capaz de almacenar o reproducir obras sujetas a derechos de autor, desde CD y DVD vírgenes, MP3, MP4 grabadores de ordenador y de DVD, decodificadores y televisiones con disco duro o memorias flash/usb. Lo incorpora en el precio el fabricante, aunque finalmente se lo cargue al consumidor. Va de los 17 céntimos que se abonarán en 2008 por cada CD virgen a los 227 euros por la fotocopiadora más avanzada. En total, entre 110 y 120 millones de euros al año, 80 millones por obras audiovisuales y 40 por reprografía.

 No pueden pagar todos los ciudadanos sobre la base de ser sospechosos de hacer cosas que no son legales”. No es una frase del presidente de la Asociación de Internautas. Lo ha dicho Mariano Rajoy, el presidente del Partido Popular. El líder de la oposición critica que el canon sea indiscriminado, ciego, uniéndose así por sorpresa a la protesta de todo el movimiento anticanon. Se paga por hacer copias privadas que luego resultan no ser legales o por actos íntimos como grabar las fotos del bautizo de los hijos, de la boda en un DVD, o por mandar una copia de la última juerga navideña con los amigotes. Cuando el papá le hace una foto a su bebé (“sonríe, rorro, sonríe”), y lo graba en un CD o en un lápiz de memoria, Joan Manuel Serrat o Ana Belén tienen un ingreso por canon, aunque el afortunado padre deteste la música del autor del La la la o aborrezca la voz de la cantante de Zampo y yo.

No todo el mundo que, por ejemplo, tiene un móvil con capacidad para bajarse canciones de Internet lo hace. Según un estudio de Sigma 2, el 72% de los usuarios de un móvil con capacidad para reproducir música no usaba nunca o casi nunca esta facilidad. Pero a partir de 2008, los más de siete millones que adquirirán un terminal con MP3 tendrán que pagar 1,5 euros. El carácter indiscriminado del canon es tal que, uno de los mayores contribuyentes es el Ministerio de Justicia, que está obligado por ley a almacenar los juicios en soporte digital.

Las entidades de gestión lo recaudan. Pero nadie sabe a ciencia cierta cómo lo utilizan y qué parte del canon va a parar a sus autores asociados. La falta de transparencia es un de las principales críticas que reciben.

Los fabricantes de equipos están de uñas. El canon encarece sus productos y, lo que es peor, también a ellos les provoca piratería. Una tarrina de 10 DVD-R vírgenes comprados en El Corte Inglés, que paga religiosamente el canon, cuesta 29,95 euros. La misma tarrina en el distribuidor de barrio (chino o no), que ha optado por elegir otros canales de importación y no lo paga, vale 10 euros.

“Desde que se impuso el canon en 2003, el fraude se ha disparado. Más del 60% de los CD y los DVD vírgenes que se venden no lo pagan. No estamos en contra de los autores, pero es necesario buscar otras fórmulas más acordes con las nuevas tecnologías. No se puede fijar una compensación mínima a priori por un daño que aún no se ha producido“, dice Martín Pérez, presidente de Asimelec, la patronal de los fabricantes de equipos.

Las palabras de Banegas hacen alusión a un debate en el que se confunden dos conceptos aparentemente diferentes, pero que van irremisiblemente unidos: el de la copia privada y las descargas. En España, descargarse cualquier contenido de Internet, incluyendo las obras protegidas, no es ilegal salvo que haya ánimo de lucro, es decir, que luego se comercialicen. Las que se obtienen a través de redes de intercambio P2P con programas como Emule, BitTorrent son, por tanto, legales.

Sin embargo, las entidades de gestión consideran que son otra forma de piratería. Y aquí viene el enredo. Teóricamente el canon compensa las copias privadas legales pero ¿autoriza a bajarse de la Red cualquier contenido y grabarlo? Según las entidades de gestión, no, porque son ilegales; según los internautas sí, porque una vez que se paga el canon por la grabadora de DVD del ordenador o por el soporte de CD, se puede copiar cualquier contenido tal y como han dicho la Fiscalía General del Estado y varias sentencias.

El presidente del Consejo de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, defiende la copia privada “como el más social de los derechos porque si no existiese todas las descargas serían ilegales, y te podría caer un paquete como pasa en Estados Unidos por bajarte algo de Internet. No queremos que la industria se vea frenada por el canon porque nuestras tarifas son asumibles. Si Apple ha demostrado que se puede hacer negocio respetando la protección de las obras, ¿por qué nuestra industria no puede?”.

David Bravo, abogado especializado en propiedad intelectual, le responde: “Si las descargas son ilegales como afirman las entidades de gestión, no deberían cobrar un canon por ellas. Por lo tanto, es jurídicamente insostenible decir que las descargas no constituyen copia privada y que son ilegales y, al mismo tiempo, señalarlas como la principal justificación de la existencia del canon”.

España es el país europeo que más descargas de música y de películas hace por Internet. El 58% de los usuarios españoles se bajan discos de la Red, y el 52% películas o videoclips, mientras que la media europea está en el 37% y el 20%, respectivamente, según la Asociación Europea de Publicidad Interactiva. Las entidades de gestión lo miran en términos de piratería: en 2006 se descargaron 136 millones de películas y el 80% de las descargas son de contenidos protegidos, según la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP).

Para Enrique Dans, profesor del Instituto de Empresa y experto en esta materia “sólo son piratas quienes venden discos en el top-manta, quienes comercian con dichas obras con ánimo de lucro. Los usuarios que las usan para su consumo personal no lo son. Lo contrario supone la criminalización de un segmento enorme de la sociedad por un comportamiento completamente lógico: obtener los bienes donde más sencillo y económico resulta hacerlo. Si la tecnología pudiese hacer que del grifo de tu cocina saliese Coca-Cola, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por Coca-Cola embotellada?”.

Otro problema que plantea el canon es el de la doble imposición como señala Francisco Román, consejero delegado de Vodafone: “Nuestros clientes se descargan todos los meses legalmente 400.000 canciones. Ya pagan por las descargas; es absurdo que paguen también por tener un móvil”.

Lo mismo ocurre en el caso de la televisión. Justamente cuando se está propiciando el desarrollo de la televisión digital, por primera vez se gravan (12 euros) los decodificadores con disco duro y los grabadores de TDT, pese a que ninguno de esos aparatos está programado para realizar copias. “Se está penalizando las nuevas formas de ver televisión y se olvida además que esos aparatos incorporan sistemas anticopia”, señalan en fuentes del sector de televisiones de pago.

Los consumidores e internautas ven a la SGAE como a los recaudadores de impuestos medievales que cobraban por los derechos de paso. Pero olvidan que gran parte de ese dinero va a parar a artistas que gozan del favor del público. “Teddy da la cara, pero Sabina pone el bombín”, dice el directivo de una compañía de telefonía móvil, aparatos que, junto a los MP3 y las memorias USB deberán pagar canon el próximo año.

Y es que Joaquín Sabina, que en su día se significó en defensa de la piratería, es uno de los firmantes del manifiesto en favor del canon con vistas a la votación de hoy. En el mismo figuran los actores Imanol Arias, Pilar Bardem, Leonor Watling o Juan Echanove; los productores Andrés Vicente Gómez, Agustín Almodóvar, Enrique Cerezo; los músicos Miguel Bosé, Ana Belén, Raphael, Marta Sánchez, José María Cano, Ana Torroja, y cineastas como Fernando Trueba o Martínez-Lázaro. Y entre los escritores, Juan José Millas, Fernando Savater, Juan Manuel de Prada, o Antonio Gala.

El canon no es obligatorio. La directiva europea 2001/29/CE, traspuesta en 2006, establece la obligatoriedad de compensar a los autores, pero no fija una fórmula concreta de compensación. España eligió el canon junto a otros 20 países, entre ellos Francia, Alemania, Italia y Portugal. En general, los países anglosajones han sustituido la figura de la copia privada por la del uso legítimo (fair use o fair trading) por el que se permite la utilización de una obra original bajo ciertas circunstancias (uso no comercial, efecto en el mercado o tamaño de la reproducción). Los países que han legislado la copia privada tienen diferentes tasas y métodos de recaudación. Algunos como Grecia, Polonia o Eslovaquia cobran un porcentaje sobre el precio de venta de los productos, en lugar de una tasa fija como España. Y la disparidad de tarifas entre países es total. De los 1,34 euros que cobran en Dinamarca por DVD virgen a los 0,14 euros en Portugal.

Es uno de los pocos gravámenes que se paga por adelantado, se haga uso del derecho de copia privada o no. Paradójicamente, la Ley de Propiedad Intelectual, la misma que regula el canon, en su última reforma de 2006, ampara los sistemas anticopia. Es decir, que si alguien compra una película original en DVD y desbloquea la anticopia que lleva incorporada mediante un programa de software como Nero para ejercer su derecho a la copia privada, está cometiendo un delito. “¿Por qué pago por algo que me prohíben hacer?”, se preguntan miles de consumidores.

Articulo sacado del Periodico El pais el 20 de diciembre de 2007

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